La Junta de Andalucía ha trasladado al Comité de las Regiones de Europa su posición frente a las modificaciones que plantea la Comisión Europea en las Directivas de eficiencia energética y de eficiencia energética en los edificios.
En la reunión convocada por el Comité de las Regiones, celebrada en Bruselas el 29 de marzo, para acordar un posicionamiento común de las regiones, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha manifestado que la modificación de las directivas de eficiencia energética es una oportunidad idónea para instar a la Comisión Europea a que incluya en la normativa europea unos objetivos más ambiciosos y un papel protagonista para las regiones con el objeto de acelerar los beneficios de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar de las personas en todo el territorio, que conllevan una mejora de la eficiencia energética en la edificación, el transporte, la industria, los servicios o el sector agrícola, entre otros.
Las modificaciones planteadas se encuadran dentro del paquete legislativo que impulsa la Comisión Europea en el marco de su Comunicación “Energía limpia para todos los europeos”, publicada el pasado mes de noviembre, en la que exponía los beneficios de la transición hacia una “energía limpia” y el impacto que el paquete de medidas que se presentaba tendría sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, de desarrollarse en la medida que permitiera alcanzar los objetivos previstos: un crecimiento de hasta el 1% del PIB y 900.000 nuevos puestos de trabajo en la próxima década.
Son numerosas las regiones que con estas ideas y objetivos vienen trabajando en el campo de la eficiencia energética desde años, como es el caso de Andalucía, y que alinean sus políticas en materia de energía y clima con las de la Comisión Europea, persiguiendo los comunes objetivos de que las industrias y los ciudadanos puedan contar con una energía más segura, limpia y competitiva.
En esta línea, la Junta ha propuesto que, habida cuenta de los beneficios que la eficiencia energética reporta a las regiones con una alta vulnerabilidad como Andalucía, se considere un objetivo de ahorro de energía vinculante del 40 % a 2030, que debería alcanzarse mediante objetivos nacionales independientes que tengan en cuenta la situación individual y potencial de cada uno de los Estados miembros (tal como reconoce el Parlamento Europeo).
La Junta de Andalucía ha defendido que se deben establecer mecanismos claros y vinculantes para conseguir una adecuada distribución territorial en los resultados de los instrumentos que se desarrollen a partir de las Directivas, siendo esencial que se garantice que las medidas implantadas por los Estados miembros “respondan adecuadamente a las necesidades de los distintos territorios”, debiendo vincular las mismas a las políticas de desarrollo industrial y de especialización inteligente de las regiones.
Por otro lado, en materia de protección a los consumidores domésticos vulnerables, Andalucía ha aplaudido que la propuesta de modificación de la Directiva de Eficiencia Energética incluya que los sistemas de obligaciones de eficiencia energética y las medidas alternativas que se establezcan deban tener en cuenta la pobreza energética.
La Junta de Andalucía coincide con el Comité de las Regiones y la propia Comisión Europea en que la transición hacia esa energía limpia debe pasar por el impulso a la innovación en materia de energía limpia, el aprovechamiento de las energías renovables, el fomento de la competitividad, el eficaz uso de los recursos presupuestarios disponibles, el liderazgo de la industria y necesariamente por la movilización de las múltiples partes interesadas de la sociedad civil y de los niveles regional y local, siendo imprescindible la coordinación entre todas las administraciones.
