

El Consejo de Gobierno ha sido informado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la aplicación de big data y de la inteligencia artificial para optimizar la demanda energética de la Junta de Andalucía a través del proceso de carga y validación de más de 70.000 facturas de la luz anuales, con un gasto de en torno a los 250 millones de euros. De esta tarea se encarga la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, como gestora de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (Redeja).
Ahora, gracias a la inteligencia artificial, esta validación se ha ampliado con la realización de análisis enfocados a conseguir un mayor ahorro energético y económico de los 5.200 puntos de suministro de la Junta de Andalucía, a través de los cuales se abastece de electricidad a hospitales, centros de salud, instalaciones deportivas, museos, centros de mayores y de día, sedes judiciales, oficinas administrativas, universidades o institutos de enseñanza secundaria. En concreto, la Junta de Andalucía demanda anualmente 1.000.000 MWh (megavatios hora) de electricidad, casi la mitad destinada al sector sanitario (459.290 MWh/año), seguido de los edificios administrativos (187.954 MWh/año) y del sector educativo (180.762 MWh/año).
Los técnicos de la AAE, encargados de realizar las comprobaciones para asegurar que el importe que la Junta de Andalucía paga en su factura de la luz es conforme al consumo realizado y se adapta a las necesidades de los distintos edificios e instalaciones, aprovechan el potencial que ofrecen aplicaciones basadas en big data, machine learning e inteligencia artificial para avanzar en el objetivo de optimizar la demanda energética de la Junta de Andalucía. Para ello, han desarrollado algoritmos de carga y validación utilizando la facturación electrónica basada en la extensión utilities, que contiene información específica y detallada de carácter técnico y económico que permite desagregar el gasto y facilitar su seguimiento.
La Junta de Andalucía ha sido pionera en la utilización de utilities en sus procesos de facturación eléctrica, estableciéndola como obligatoria para la comercializadora en el quinto contrato centralizado de electricidad licitado bajo la figura de acuerdo marco que está en vigor desde finales de 2023, a través del cual se contrata la luz de toda la Junta de Andalucía y cuyo origen es 100% renovable desde finales de 2019.
De esta forma, gracias a la aplicación de data mining se está implementando un procedimiento automatizado para identificar consumos o costes anormalmente altos que no se corresponden con la realidad del suministro, así como sus posibles causas y acciones correctivas cuando procede. Por ejemplo, cuando se detecta que la facturación se realiza en base a consumos estimados prolongados en el tiempo, la AAE solicita a la compañía distribuidora la imputación de los costes de luz en base a datos de lecturas reales del contador, para evitar tener que pagar por adelantado cantidades que luego tienen que descontarse con un proceso de refacturación posterior.
Asimismo, dado el crecimiento exponencial de las instalaciones de autoconsumo en la Junta de Andalucía, derivado del compromiso adquirido por el Gobierno andaluz de reforzar la generación distribuida de energías renovables, los técnicos de la agencia están desarrollando algoritmos en base a los datos extraídos de las facturas de electricidad electrónicas, que les permitirán conocer cómo están funcionando los equipos fotovoltaicos, detectar fallos o averías, evaluar su rendimiento, estimar la generación de electricidad de origen renovable, o asegurarse que se realizan los descuentos por vertido de excedentes en las facturas.
Otra de las medidas es la optimización de la potencia eléctrica contratada para los distintos puntos de suministro de la Junta de Andalucía, adaptándolos a las necesidades reales de consumo, a fin de que cubran toda su demanda de energía, pero evitando recargos innecesarios. Así, antes de aplicar el big data a la facturación, ese trabajo se hacía procesando unos 60 millones de registros de demanda energética que requería, en algunos casos, extraer de los edificios datos cada 15 minutos durante un año hasta encontrar la combinación óptima de potencias a contratar. Ahora, se ha desarrollado un algoritmo capaz de procesar de forma más ágil y eficaz esos registros, identificando de manera mucho más rápida aquellos suministros susceptibles de optimizarse.
Todas estas actuaciones de la Agencia Andaluza de la Energía se encuadran dentro del Plan para el ahorro energético de la Administración de la Junta de Andalucía 2026, aprobado en Consejo de Gobierno en mayo de 2023 y concebido para la reducción del consumo energético de la Junta de Andalucía y su factura asociada.
Grupo de trabajo
Así, la experiencia de la Junta de Andalucía como una de las primeras administraciones en aplicar la extensión utilities en la factura de la luz para mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de sus contratos del suministro eléctrico, ha servido para formar parte de un grupo de trabajo especializado puesto en marcha a través de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), que actualmente preside la Agencia Andaluza de la Energía. En este grupo de trabajo participan además las comunidades de Castilla y León y Cataluña, que también que están avanzado en la integración de algoritmos de análisis mediante big data o inteligencia artificial en sus procesos de facturación eléctrica, junto con otras entidades y algunas de las comercializadoras más representativas del país.
El objetivo de este grupo es ampliar el actual formato estándar de factura electrónica y definir el contenido de la extensión utilities con información específica y detallada de carácter técnico y económico sobre los suministros eléctricos para su aprobación por el Gobierno de España.
En este sentido, en junio de 2025 la AAE participó en la reunión con representantes de la Intervención General de Estado, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación y de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) para presentarles la versión consensuada de la extensión utilities obtenida en el seno del grupo de trabajo de Eneragen. Se trata de un primer paso para que, una vez se estudie su aplicación por parte de la Administración General del Estado, se convierta en un modelo único de factura a utilizar por todas las comercializadoras de electricidad.